campo de alfalfa

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El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno aragonés comenzó a hacer efectivo, el 2 de diciembre, el pago de las ayudas correspondientes al régimen de pago único de la Política Agraria Comunitaria (PAC) a los agricultores aragoneses. El importe de los pagos asciende a 344,45 millones de euros, que se repartirán entre 45.505 agricultores beneficiarios en las tres provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En lo que hace referencia a la distribución provincial, del total de solicitudes objeto de pago, 14.059 corresponden a la provincia de Huesca, 10.125 a  Teruel y 21.321 a  Zaragoza. De los 344,45 millones de euros, 123,35 corresponden a solicitudes presentadas en la provincia de Huesca, 60,56  a la provincia de Teruel y 160,54 a la de Zaragoza.

El periodo que establece la normativa Europea para poder hacer efectivos estos pagos se inicia el 1 de diciembre de 2011 y finaliza el 30 de junio de 2012.

No obstante, en Aragón, se harán efectivos por el 100% del montante individual de cobro, hoy 2 de diciembre. Todo ello con el fin de ofrecer liquidez al sector con la mayor antelación posible, atendiendo a las dificultades financieras del marco económico en el que nos encontramos.

Se trata de la línea de apoyo más importante, por cuantía y número de beneficiarios, en la configuración de la actual Política Agrícola Común (PAC) y supone en Aragón el 80 % de las ayudas directas a la renta que perciben nuestros agricultores y ganaderos.

Uno de los fines más destacables, entre otros, es el de compensar a los productores de la comunidad Autónoma de Aragón por la diferencia de exigencias legales del modelo agroalimentario europeo, en cuanto a calidad, trazabilidad, respeto medioambiental o bienestar animal, respecto del resto de producciones provenientes de países no integrados en la Unión Europea.

Los controles que anualmente debe efectuar el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para poder transferir estos pagos, (junto con el resto de ayudas directas y de desarrollo rural ligadas a la superficie), con las garantías de control exigidas por las autoridades comunitarias, suponen la revisión sobre el terreno de unas 370.000 hectáreas declaradas, de las que 240.000 se realizan a través del uso de imágenes captadas por satélite y el resto, 130.000, mediante visitas de campo del personal técnico del propio Departamento.

Se resuelven, además, en torno a 12.000 incidencias de cruces administrativos derivados de divergencias entre las declaraciones de los solicitantes de ayuda y la realidad de superficie SIGPAC de las parcelas. En conjunto, se trata de un trabajo que la administración lleva a término entre los meses de mayo y noviembre y que permite asegurar la corrección de los pagos efectuados en las auditorías que anualmente se reciben procedentes tanto de la Comisión Europea como del Tribunal de Cuentas de Luxemburgo.